Dinardap apoyará al sector judicial a través del servicio de Interoperabilidad

Quito, Ecuador- Con el objetivo de contribuir con la mejora de los servicios judiciales, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap]) asesorará al sector de justicia en el intercambio de información entre instituciones del Estado, a través de la Interoperabilidad.

Esto se destacó en el marco de las actividades de la Cooperación Técnica “Automatización de Procesos Judiciales”, aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evento al cual asistió la directora nacional de la entidad, Mgs. Lorena Naranjo Godoy, por invitación del Consejo de la Judicatura (CJ), en el norte de Quito.

En el encuentro, la Directora Nacional de la Dinardap, manifestó que se apoyará con todas las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución, para llevar a cabo este proceso de Interoperabilidad.

“Sin duda, nosotros podemos entregarles a ellos todo este contingente que ya tenemos desarrollado, pero además, tendrán necesariamente que interoperar con otras instituciones que están fuera de la función judicial para completar sus registros  públicos”, puntualizó.

Cristián Guíñez, socio de la empresa chilena Holos Consultores, destacó que “el disponer de datos de manera rápida, oportuna y objetiva, es el Estado el que será beneficiado. Es para ellos (las instituciones públicas) más beneficioso: el cómo yo me alimento de datos de la Dinardap, del Ministerio del Interior, de la Policía, que me permitan facilitar y hacer que mi proceso interno, mi relacionamiento con la justicia y la seguridad sea más rápido”.

La Interoperabilidad es un desafío que todos los países de América Latina enfrentan, aseguró Cristián Hernández, representante de la empresa Holos Consultores, quien planteó que se puede ser capaz de proveer a los ciudadanos servicios de mayor calidad, “editando los tiempos de espera, que muchas veces las personas tienen que soportar por pedir algún documento público”.

En estas actividades, que se llevarán a cabo durante tres meses, participaron delegados del Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Ministerios del Interior y Telecomunicaciones (Mintel) y del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador./DCS.

 


 

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