Quito, Ecuador. – La protección de los datos personales de los ecuatorianos en la coyuntura del COVID-19 fue el tema analizado durante la conferencia virtual, organizada por la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el pasado sábado 13 de junio de 2020.

La directora nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), Lorena Naranjo Godoy, analizó los mecanismos empleados para la recolección, administración y uso de los datos personales de los ecuatorianos, durante esta crisis.

Explicó que durante la pandemia del COVID-19, esta responsabilidad recayó sobre dos actores sociales: el sector público y el sector privado; cada uno de ellos, con finalidades diferentes en su uso.

Con la emisión de los Decretos Presidenciales Nº 1017 y Nº 1022, el Gobierno Nacional, les da autorización legal a los ministerios de Salud Pública (MSP) e Inclusión Económica y Social (MIES) para proceder a la recolección de los datos ciudadanos y hacer frente a la pandemia, desde sus ámbitos de acción.  En tanto que, como parte de las acciones para mitigar los efectos del COVID-19, durante la cuarentena surgen otros actores: FF.AA., los COE cantones y la Policía Nacional, que, para garantizar el derecho a la seguridad, implementan otro paquete de información.

En este proceso, señaló la Directora Nacional de la Dinardap, la recolección de información, también incluye a otros sectores para la reactivación económica y  la prestación de servicios por parte del Estado. Esto involucra, la implementación de plataformas para la teleducación y el teletrabajo, que al igual que el sector privado, recopila información personal como las IP de las computadoras, las horas de conexión, la ubicación, entre otros datos que se emplean como instrumentos de control laboral y educativo.

En lo que respecta al segundo eje de recopilación de los datos ciudadanos, la autoridad indicó, que el sector privado para mantenerse en el mercado durante la pandemia lo ha hecho a través de la implementación de plataformas digitales y modificación de las políticas de entrega de las empresas.  Esto ha implicado la recolección de información con el fin de hacer trasladar los bienes o productos solicitados por la ciudadanía; sin embargo, esta actividad no evidencia la autorización (tacita, expresa, escrita, grabada o click en aplicación) por parte del ciudadano para la entrega, almacenamiento y uso de estos, sobre todo por la falta de una normativa que lo regule.

Para la Directora Nacional de la Dinardap, el flujo de información resulta indispensable para atender los servicios públicos y privados, pero ante todo para garantizar los derechos ciudadanos. Y para ello, la interoperabilidad es el intercambio de información que, bajo criterios jurídicos, tecnológicos y administrativos, permite saber qué datos se consume y de qué institución para que no se produzca abusos de su uso. /DCS.