Quito, Ecuador.- La interoperabilidad y la responsabilidad de  fuente son elementos que permiten hacer un manejo adecuado de los datos personales de los ecuatorianos, hasta que el país tenga una Ley de Protección de Datos Personales, así lo expuso la directora nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), Lorena Naranjo Godoy, durante la conferencia virtual Ley y Orden en la frontera digital, organizada por  la Asociación de Estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el pasado 13 de junio.

La funcionaria explicó que, en este proceso de recolección, administración y uso de los datos personales, el flujo de información resulta indispensable para atender los servicios públicos y privados y garantizar se cumplan con los derechos que atañen a la ciudadanía (salud, educación, servicios básicos, trabajo, etc.).

En este escenario es la interoperabilidad, entendida como el intercambio coordinado de información, que, bajo criterios jurídicos, tecnológicos y administrativos, permite saber quién o qué instituciones requieren datos y para qué los consumen. De tal manera que, al tener este conocimiento, se puedan entregar los datos que atañen solo a los propios del ejercicio de sus actividades y que no le permitan tener acceso a datos que vulneran la intimidad del sujeto.

“Es por eso por lo que la interoperabilidad debe ser un espacio muy controlado donde podemos tener la garantía y tranquilidad de que la información que se cruza es la que está siendo adecuadamente manejada porque tienen autorización para hacerlo”, puntualizó la Directora Nacional de la Dinardap.

Asimismo, aclaró, que dentro de sistema de interoperabilidad son las fuentes, es decir, las instituciones que proveen los datos, las responsables de la calidad, veracidad y exactitud de la información, pues de estos valores depende que la ciudadanía (usuarios o clientes) reciba los servicios que le permitan acceder a sus derechos adquiridos. Es a lo que se denomina responsabilidad de las fuentes.

“Pues solo ellos saben cómo ese dato ha sido catalogado, como es su debida contextualización y como otorga o no derechos dependiendo de la institución y desde este concepto se homologa la interoperabilidad”.

Recordó que todos estos datos, tanto los que están circulando como los que se generen, deben protegerse de manera funcional y jurídica, posterior al COVID-19.  “Hay que comprender el dato que protegemos no es un activo de carácter económico, sino que es la persona, y que estamos protegiendo a esa persona en su manifestación virtual”.

Al momento, el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) se encuentra en análisis en las mesas de trabajo de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.

“En las mesas de trabajo, hasta el viernes pasado (12 de junio) se analizaron los primeros 37 artículos, para que salga el informe para el primer debate. Con una ley, podremos enfrentar de forma adecuada, respetuosa en el derecho, garantista y además que ayude a cumplir con la ley”, dijo/DCS.