Quito, Ecuador- “Todos tenemos derecho a pedir a cualquier institución pública de forma directa, con un oficio incluso y sin firmas de abogados, qué datos tienen de mí  y las instituciones estamos en la obligación de informar todo lo que tenemos”.

Así lo expresó la magister Lorena Naranjo Godoy, directora nacional de Registro de Datos Públicos, tras referirse al proyecto de ley de Protección de Datos Personales que está construyendo la entidad. Estas declaraciones las efectuó durante una entrevista concedida este martes 16 de octubre de 2018, a Radio Sucesos, en Quito.

La magister Lorena Naranjo Godoy agregó que lamentablemente los ciudadanos no saben que tienen este derecho, ni que las entidades públicas conocen del mismo. Dijo que parte de hacer una ley completa, correcta, es empoderar a las personas y establecer a los responsables del tratamiento de datos, que tienen la obligación de contestar cualquier solicitud de la ciudadanía respecto al manejo de sus datos personales.

“Todo esto debe estar en una ley de Protección de Datos, porque solo eso le permite a los ciudadanos la materialidad de que efectivamente se está respetando su derecho”, precisó, al tiempo que acotó que los ciudadanos tienen derecho a decidir a quién entrega sus datos, en qué condiciones, para qué finalidades y a saber cómo están siendo usados.

Detalló que el Ecuador es un país garantista de derechos, que reconoce la protección de datos personales como un derecho fundamental; “y si es así, tiene que ir con el estándar más alto, que es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dictado por la Unión Europea, que es un esfuerzo de un conjunto de países por regular estos temas y que refleja 30 años de experiencia de tratar de ir a la par en el desarrollo de las tecnologías”.  

La titular de la Dinardap señaló que en noviembre del presente año, se efectuarán mesas de diálogo con miembros de la Asamblea Nacional, a fin de profundizar esta temática.

En la entrevista, recordó las mesas de diálogo ejecutadas por la entidad para la creación de esta normativa legal, en las cuales han participado representantes de la Función Ejecutiva, del sector público, privado, sociedad civil, academia y ciudadanía en general./DCS