Quito, Ecuador.-  La firma digital y esa loca forma de interpretarla es el tema abordado, por la directora nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), Lorena Naranjo Godoy, durante la Conferencia virtual: Locademia del Derecho y Tecnología, organizada por la Red ElderechoInfomatico, de Argentina, el pasado viernes 12 de junio.

En ella, indicó que es necesario propender a fortalecer la identidad digital de las personas y así aplicar conceptos como la firma digital para avanzar con la tan anhelada transformación. Pues como ya lo dijo el ex presidente de Estonia, Toomas Hendrik: La identidad digital debe ser el primer paso para un proceso de creación y servicios digitales.

Por ello, precisó que este concepto se configura de elementos como la identificación física y la identidad digital universal, que se divide en simple y legal. La primera se refiere a las claves o contraseñas que usamos para protegernos, por ejemplo, en redes sociales. Mientras que la segunda basa su legalidad en que es vinculante, es decir, logra una coincidencia de datos del ciudadano con la persona virtual.

Es así como, alcanzada esta identidad digital, el empleo de la firma electrónica evidencia el avance en la transformación digital en las sociedades, precisó, y por ello, la firma está categorizada como simple, cualificada y avanzada. Ecuador maneja una firma electrónica cualificada, que brinda garantías como: la identificación del autor e integridad del documento, así como el no repudio y confidencialidad, que involucra a una tercera persona autorizada (entidad certificadora) para certificar la firma de esos documentos, lo que reduce los riesgos y fraudes. Pero que no le permite adaptarse a otros sistemas.

Sin embargo, aplicar la firma digital en la región enfrenta varias dificultades: la variedad de esquema de identidad legal física es la que condiciona la identidad digital legal, la principalidad y protección de datos, la no armonización del  esquema legal en Latinoamérica, el esquema de gobernanza de base de datos: personales y accesibles al público e informáticos, la sostenibilidad de la firma electrónica que involucra la colaboración del sistema privado con el público; la decisión de requerir o no implementación de esta y uso de  biometría en los procesos de identificación.

Dificultades que a criterio de la Directora Nacional de la Dinardap se solventan con estrategias que permitan la universalización de la firma electrónica: análisis de la validez jurídica de la firma, de los efectos probatorios y nocivos del fraude que deben visibilizarse desde una perspectiva de ciudadano, estado, empresas u organizaciones.

Sin embargo, sostuvo que llegar a esta transformación no es un trabajo sencillo, puesto que existen condiciones que permiten construir países digitales (ciudadanos, gobiernos y empresas u organizaciones digitales), que deben son la base de esta: alcanzar un sistema de interoperabilidad con un claro respeto técnico, administrativo y jurídico que viabilice a tener servicios eficientes y de calidad; que la data esté sujeta a los protocolos de ciberseguridad, así como, un buen manejo y administración de los datos personales./DCS