En una entrevista ofrecida hoy, en el programa Al Día con Vigía, la directora nacional de Registro de Datos Públicos, Mgs. Lorena Naranjo Godoy, se pronunció sobre el trabajo que realiza la institución en cuanto al Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales.

Desde el 2017, la Dinardap ha realizado mesas de trabajo con varios sectores sociales para analizar y aportar con contenidos que alimente y haga más técnica la norma propuesta. “Ha sido un esfuerzo importante. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar necesidades y experiencias con varios sectores: banca, universidades, sector público, sociedad civil, entre otros”, señalo la Directora Nacional.

La construcción de esta normativa afecta transversalmente a todos aquellos que tengan o administren dentro de sus organizaciones bases de datos de personas.  Y una normativa favorece el flujo de información, al mismo tiempo que protege los datos personales. “Los datos personales son aquellos que nos distinguen y diferencian de los demás y que almacenados en grandes volúmenes se convertiría en una interferencia con sus derechos y el ejercicio de sus actividades”, indicó la Directora Nacional.

Lastimosamente, Ecuador se encuentra retrasado en materia de protección de datos; y aunque desde el 2008, la Constitución reconoce a la protección de datos como un derecho; el no tener desarrollada una Ley ha generado que la apertura de negocios a escala nacional e internacional se vea retrasada y poco competitiva.

Nuestro país, conjuntamente con Venezuela y Bolivia son las únicas naciones de la región que no tienen una Ley de Protección de Datos Personales; el resto, se encuentra aprobando o actualizándola, porque ven en ella un elemento fundamental para el desarrollo en el intercambio de servicios y productos.

Para la Mgs. Lorena Naranjo Godoy, la Ley busca que la relación entre empresa/institución y ciudadano sea de confianza; donde este último conozca que al entregar sus datos está recibiendo un buen servicio y producto.

Destacó que es importante ver la forma en la que deben estar redactadas las normas, las conceptualizaciones de sus elementos y sus ejes estructurales para que de modo transparente y ordenado, las personas ajenas a temas tecnológicos y jurídicos, puedan percibir y entender cómo se van a manejar estos datos y así  exigir  derechos.

“Es un tema complejo que requiere precisión técnica pero que todos los actores que intervengan lo interioricen, lo entiendan y le otorguen la importancia fundamental que merece. La democracia en sí mismo  necesita de estas normativas porque hay mucho riesgo de que las personas puedan ser manipuladas y esto hay que evitar”, dijo./DCS.