Quito, Ecuador. –  “El dato  es un elemento fundamental para el desarrollo de bienes y servicios, pero no solo para productos privados sino también para, desde el sector público, brindar servicios y atención que garanticen derechos”, así lo explicó la directora nacional, Lorena Naranjo Godoy, durante el Curso sobre Derecho Digital, organizado por la facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el pasado 17 de junio.

Lamentablemente, así como se da un buen uso a los datos (brindando servicios y productos acorde a las necesidades ciudadanas) también se les da un mal uso, puntualizó y recordó varios casos locales como,  la venta de bases de datos desde el sector público al privado, cuya información afectó la dignidad de las personas así como acceso a derechos básico, como es el trabajo, el ‘hackeo’ de bases de datos de entidades públicas que registraron títulos universitarios, la selección de usuarios para la emisión de noticias falsas enviadas por correo electrónico y SMS a celulares de los ciudadanos o la manipulación de estas para la entrega de  licencia falsas.

“Vemos que el mal uso de los datos no solo afecta al individuo sino a la sociedad y cómo los datos equivocados o errados en las bases de datos causan perjuicio que impiden acceder a un derecho”, acotó la Directora Nacional de la Dinardap.

Frente a estos casos, entre otros, tener una Ley de Protección de Datos Personales permitirá que los responsables de los datos sepan cómo usarlos para que se transformen en información generadora de productos y servicios; así como, recoger consentimientos o para resolver conflictos. Pero también debe ir de la mano o sostenerse con otras leyes como sería la creación de una normativa sobre ciberseguridad o seguridad digital.

Recordó asimismo que hubo dos propuestas previas, que, por contradicciones conceptuales, al confundir intimidad con protección de datos, la primera; y la segunda por una evidente intensión restricción a la libertad de expresión, fueron desechadas.

Durante dos años, la Dinardap trabajó participativa y colaborativamente con la academia, el sector empresarial y gremial, organismos internacionales, estudiantes de universidades y colegios recogiendo propuestas que permitan alimentar el proyecto, con articulados que respondan a las necesidades ciudadanas.

El que en la actualidad se encuentra, desde el 19 de septiembre del 2019, en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, de la Asamblea Nacional, donde está siendo analizada en mesas de trabajo, también con especialistas.

Mientras se analiza y se prepara un informe para primer debate, la Dinardap avanza en la difusión del contenido y del espíritu que rige el proyecto.

“Creemos que la versión final va a distar de la original, pero no va a salir de los elementos sustanciales inscritos en primera instancia, debido a que estos contenidos se encuentran transversalizados en la legislación, que, a escala mundial, existe y debe guardar armonía que permita compatibilizarnos con otras normativas”, indicó.

Sin embargo, puntualizó que uno de los temas que no debe salir de la ley es el concepto de dato personal que es el que identifica y hace identificable a una persona; y, que va más allá, de diferenciar un dato público del público. “Si bien son activos digitales y materia prima, los datos deben ser entendido por los responsables de datos como las personas mismas, lo que conlleva a hablar de titularidad y no de propiedad de esos datos”, indicó Lorena Naranjo Godoy./DCS