En el artículo 66, numeral 19 de la Constitución  ya se establece la obligación del Estado de proteger los datos personales ciudadanos, por eso la necesidad de que el Ecuador genere una Ley de Protección de Datos que salvaguarde este derecho fundamental.

En este escenario, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) se encuentra elaborando un borrador para un anteproyecto de Ley de Protección de Datos, que, de acuerdo a la planificación institucional, será presentado a la Asamblea Nacional en octubre de este año.

De acuerdo a la directora nacional de la Dinardap, Mgs. Lorena Naranjo Godoy, el objetivo de este anteproyecto de Ley es proteger todos los datos personales y públicos de los ciudadanos de quienes los utilizan para dar servicios, productos o bienes  (sector público y la empresa privada); y al mismo tiempo, dinamizar del comercio.

Aclaró que una Ley de Protección de Datos no es una restricción a los derechos fundamentales sino es un modo técnico de regular y proteger el flujo de datos de los ecuatorianos.

A su criterio, no es necesario, que esta Ley sea validada por instancias internacionales; sin embargo, “es una buena práctica, sobre todo porque al regular normativas de protección de datos es necesario tomar en cuenta organismos que tiene experiencia en estos temas, como, por ejemplo, la Red Iberoamericana de Protección de datos Personales, quienes han establecido estándares de protección cuyo intercambio de información protege derechos e incentiva la innovación tecnológica y las relaciones comerciales entre países”, puntualizó la Directora Nacional.

Añadió que, exceptuando Ecuador, Bolivia y Venezuela, países que carecen de legislación, el resto de países Latinoamericanos están actualizando sus normativas, luego de que entrara en vigencia el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales.

Ecuador no puede estar fuera, de lo que se considera tendencia mundial, del intercambio de datos personales y, una Ley de Protección de Datos en nuestro país marcaría una nueva era en la protección de derechos que trascienden del entorno físico al de las realidades virtuales, donde los datos de libre disponibilidad son los más vulnerables./DCS.