“Qué sea una Ley que proteja los derechos de los ciudadanos y que vaya en la línea de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión”, es lo que César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, aspira que sea la Ley de Protección de Datos Personales, que impulsa la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), desde el 2017.

Estas opiniones las dio a conocer luego de la reunión que mantuvo con la directora Nacional de la Dinardap, Lorena Naranjo Godoy, este lunes, 10 de diciembre de 2018 en las instalaciones de la entidad.

La construcción del anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales es un trabajo impulsado por la Dinardap, pero que, como indicara su autoridad, Lorena Naranjo Godoy,  con el aporte de representantes de los gremios empresariales, profesionales, la academia y de la sociedad civil, ha permitido una retroalimentación con los conocimientos y las experiencias de quienes manejan datos.

Es importante, indicó, que la ciudadanía conozca cuán valiosos son los datos personales. Es así que, en este año, se instauró la primera fase de las mesas de diálogo con varias entidades públicas, empresas y organizaciones no gubernamentales de la ciudad de Quito. Mientras que en noviembre y diciembre, inició la segunda fase en varias ciudades del país (Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Ambato, próximamente en Manta, Machala y otras de la Amazonía)

Durante este diálogo con César Ricaurte, la Directora Nacional, aclaró que el anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales «no controla redes sociales, tampoco permite la impunidad ni limita la libertad de expresión ni restringe el libre flujo informacional».

“Nos parece fundamental esta salvedad. Que no se aplique al trabajo periodístico. Hay que hacer esa distinción de datos personales que son de interés públicos o que pertenecen a quién esté ejerciendo el poder y de los cuales el ciudadano ejerza derecho a saber”, puntualizó por su lado, el Director de Fundamedios.

Por ello es fundamental, reiteró la Directora Nacional de la Dinardap, que el país tenga una ley que sea lo más actualizada y que cumpla con los estándares internacionales, que le permita al país desarrollarse económica, social y culturalmente, al tiempo que fomente la innovación dentro de los parámetros internacionales./DCS.